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Estos son los rectores rebeldes que no acatan Ley Universitaria

Los Tejos

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El 31 de diciembre venció el plazo establecido por la Ley Universitaria para que las 31 universidades públicas con autorización definitiva elijan autoridades y publiquen sus nuevos estatutos. De este total, 5 instituciones han sido calificadas como “rebeldes” por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Al menos 20 universidades están en proceso de cumplimiento, ya que aún les falta elegir decanos. Otras 6 tienen procesos judiciales abiertos y fueron calificadas como “casos especiales”. Mientras que las cinco universidades rebeldes no han cambiado sus estatutos ni a sus autoridades y no piensan hacerlo de acuerdo a la Ley Universitaria. Justamente la Universidad La Cantuta y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentaron una demanda que buscaba que se declare inaplicable la Guía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo que habría mantenido en sus cargos a las autoridades hasta el 2017. Sin embargo, este recurso fue rechazado por el Poder Judicial.

Este lunes la Sunedu decidirá qué hacer con las cinco universidades que aún no se han adecuado a la Ley Universitaria. Por lo pronto, ya se ha anunciado que no se reconocerá la firma de estos rectores en los títulos de sus casas de estudio y que se notificaría al MEF para que no se les entregue fondos.

Mientras tanto, ya se anuncian marchas estudiantiles exigiendo que estos rectores adecúen los estatutos de sus instituciones a la Ley Universitaria. Pero ¿quiénes son estos cinco rectores rebeldes que siguen en sus cargos pese a las advertencias?
1.  Orlando Moisés González, rector de la Universidad de Trujillo 

Es docente e investigador, ha tenido varios premios y ha sido Magistrado Provisional de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y Decano del Colegio de Abogados de La Libertad. Asumió la rectoría de la Universidad de Trujillo desde el 17 de marzo del 2015.

 

2. Alejandro Gabriel Encinas Fernández, rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica

Este docente de 76 años, vive en Lima y ha tenido una lucha sostenida contra la Ley Universitaria desde el 14 de agosto del 2014. En aquella fecha presentó una demanda constitucional contra del Congreso de la República por aprobar dicha norma. El 15 de enero del 2015,el juez Freddy Bernaola Trillo, titular del Segundo Juzgado Civil de Ica, emitió una sentencia en la que declaraba fundada la demanda de Encinas.

 

3. José María Viaña Pérez, rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal

El 4 de noviembre del 2011, el prestigiosos oftalmólogo José María Viaña Pérez fue elegido rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Tiene un posgrado en España y es un investigador asociado a diversas revistas académicas. En el periodo 2001-2006 fue elegido democráticamente rector de la UNFV, en aquella oportunidad su gestión culminó de forma exitosa.

 

4.  Vladimiro Del Castillo Narro, rector de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta 

En medio de protestas, este rector tuvo una violenta forma de hacerse del cargo en el 2013. Ese mismo año, debido a la suspensión del rector anterior de La Cantuta por una sentencia judicial, Antonio Díaz Saucedo, Del Castillo asumió la rectoría por 30 días y tenía como tarea convocar a elecciones una vez que el plazo se haya vencido. Esto no ocurrió y la Comité Universitario nombró a un docente como rector provisional. Del Castillo desconoció esta medida y nunca se puso a derecho con la Asamblea Nacional de Rectores.

 

5. Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Desde el 30 de mayo del  2011, Pedro Cotillo es rector de laUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. El catedrático y farmacéutico es uno de los grandes opositores a la Ley Universitaria. En una oportunidad indicó que la Sunedu solo lo sacarían “con tanques” de su puesto. El Congreso de la República presentó un proyecto de ley en el 2015 que ampliaba el periodo que los rectores ocuparían sus puestos ante lo establecido originalmente por la Ley Universitaria. A este proyecto se le denominó ‘Ley Cotillo’ y generó amplias polémicas en el parlamento.

El procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez Sánchez, señaló que unas 100 autoridades universitarias serán denunciadas penalmente por usurpar funciones y desobedecer a la autoridad al no cumplir con la elección de rectores, vicerrectores y decanos.

Según la Ley Universitaria, tenían plazo hasta el 31 de diciembre para formar un comité electoral, convocar a una asamblea estatutaria, aprobar un nuevo estatuto universitario y realizar un proceso electoral universal para elegir a las nuevas autoridades en los centros de estudio.

La firma de las autoridades rebeldes ha dejado de tener valor a partir de este 01 de enero. Se recuerda que ninguna ley es retroactiva, por lo que los diplomas de bachillerato y licenciatura hasta el 31 de diciembre del 2015 mantienen su valor a nombre de la nación. Muy diferente es el caso de cualquier documento que sea firmado desde la fecha en que estos rectores entran en la ilegalidad.

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