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¡Por sentencia Judicial! Nerviosismo se apodera de Javier Alvarado y Liliana Torres

Los Tejos

Escribe Néstor Roque Solís (*)
Cuando a los Reyes y las Reynas les duele la guata es porque andan nerviosos, eso pasa con los procesados Javier Alvarado y Liliana Torres frente a las próximas sentencias judiciales que recibirán por los delitos de peculado, colusión, malversación y asociación ilícita para delinquir en las municipalidades de Lunahuaná, Chilca y Asia de la provincia de Cañete
Ya tenemos un dolor adelantado de guata de hace algunos días de la Reina del Sur la Consejera Liliana Torres, cuando el Relator de la Corte Superior de Justicia de Cañete se disponía leer la sentencia de la inculpada, alguien le giño el ojo de la sentencia desfavorable y pidió permiso al pleno para atender su emergencia fisiológica. Mientras tanto Javier Alvarado el Rey de las ofertas espera su turno con ansiedad, y ya anda con receta médica para controlar los estragos de una guata agitada que le genera sentarse en la banquillo de los acusados para recibir sentencia por el millonario desfalco a las arcas de la municipalidad de Lunahuaná y Cañete.
Los socios políticos Javier Alvarado y Liliana Torres en esta ocasión no tienen escapatoria de una posible sentencia punitiva, por el caso de la Telefónica en las Municipalidades de Lunahuaná, Chilca y Asia en la provincia de Cañete. Desde mi punto de vista existen razones fácticas, jurídicas, morales, políticas y sociales para sancionar a los inculpados Javier Alvarado y Liliana Torres:
RAZONES FACTICAS son las pruebas y testimonios existentes del delito de recibo y cheques de pago a una red de proveedores que no han prestado servicio alguno a la municipalidad. Además de testigos de alcaldes y funcionarios que demuestran palmariamente que el millón de dólares nunca ingresaron a la municipalidad, sino más bien a las arcas del rey de las mentiras del sur Javier Alvarado González del Valle.
RAZONES JURIDICAS existen fundamentos jurídicos, la norma penal es clara, y la sanción a aplicarse a los responsables también. Por tanto, los jueces solo tienen que aplicar la sanción correspondiente a las dos autoridades –presidente y consejera regional- involucrados en los delitos millonarios, por lo cual deben hacer justicia los magistrados, sancionando con jurisprudencia existente con otros alcaldes y funcionarios que ya están presos por este mismo delito de peculado millonario Telefónica en la provincia de Cañete.
RAZONES MORALES para sancionar a los corruptos en la administración pública. El Estado y el Poder Judicial no puede vulnerar la ley de la transparencia y lucha anticorrupción con gobernantes que han vulnerado los principios de la ética y la honradez en el uso de los recursos públicos que pertenece a todos los peruanos. No debemos dejar pasar este caso emblemático de lucha contra la corrupción comprobada, sino seria dejar la puerta abierta para que otras autoridades locales y regionales consuman más fechorías con recursos del Estado.
RAZONES POLITICAS no más borrón y cuenta nueva con políticos mal ejemplo de gobernantes, con todos los juicios y fundamentos anteriormente señalado los jueces deben dejar sentado el principio de autoridad para que la clase política gobernante no sea mal ejemplo en conducta moral y transparencia para la sociedad y las generaciones futuras. No más políticos y gobernantes que saquean los recursos públicos, mientras millones de niños están de hambre y de frio en la región y en el país.
Con la sentencia de los inculpados Javier Alvarado y Liliana Torres se verá hasta donde la Corte Superior de Justicia de Cañete contribuye a afianzar la democracia y el Estado de Derecho o su función a la luz de los hechos precipitan más su descomposición y rechazo de la población. Los órganos de control y fiscalización estarán pendientes si los jueces cumplen con sus funciones y procesos adecuadamente. Sí los jueces son garantía de justicia o son una fuente de arbitrariedades y corrupción. Si la Corte Superior de Justicia de Cañete contribuye a afianzar la justicia y la lucha contra la corrupción en el Perú. Con el caso de los inculpados Javier Alvarado y Liliana Torres veremos si el Poder Judicial es un pilar o una muleta de la democracia y del Estado de Derecho en el Perú.
EL LOBBY DEL REY Y LA REYNA PARA LA IMPUNIDAD DEL DELITO
Sabemos que el Rey y la Reyna del sur por estos días están moviendo triquiñuelas y acercamiento al entorno del Presidente Ollanta Humala y al propio Presidente de la Corte Suprema doctor Cesar San Martin, con quien Javier Alvarado tiene un convenio de partes de ayuda y cooperación bilateral. Otro personaje que ha ganado el inculpado para sus filas en los últimos tiempos es congresista Yehude Simón, que de la noche a la mañana se paso de fiscalizador a llenarle de pleitesía al inculpado Javier Alvarado.
Otro personaje que mueve todos sus hilos por estos días es el juez Jacinto Cama de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cañete, quien es esposo de la Consejera Liliana Torres, con la finalidad de salvar a su Reyna del Sur, y de esta manera darle también la mano al hermano Javier Alvarado, socio político de su esposa en la aventura política con el partido Triunfa Perú.
QUIENES ESTAN POR LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION
Los que están por el debido proceso para sancionar a los corruptos de los gobiernos locales y regionales, es el propio Jefe del Gabinete Ministerial, Oscar Valdés; el Fiscal de la Nación, José Peláez; el Juez Supremo, Luis Felipe Almenara, la Presidente Ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet; el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega; la Coordinadora General de la CAN, Susana Silva Hasembank, el Vicepresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, Wilfredo Oscorima, y el Vicepresidente de la CONFIEP, Hans Flury Royle. Y por supuesto están por la sanción ejemplar a los corruptos y corruptas todo la sociedad civil de la región y el país.
Por estos días la mirada se concentra en el actuar de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que todos los informes y comentarios de los poderes facticos señalan, que es uno de las cortes más corruptas del país, a pesar de los cambios realizados en los últimos mese. De todas maneras el OCMA y la ODECMA del Distrito Judicial de Cañete deben estar atentos de las Resoluciones para los inculpados Javier Alvarado y la señora Liliana Torres, para sancionar a los jueces poco transparentes para administrar justicia frente a hechos consumados de carácter facticos y jurídicos del proceso seguido por el caso Telefónica en los distritos de Lunahuaná, Chilca y Asia que deben sentenciar los jueces en los próximos días la Corte de Justicia de Cañete.
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(*) Coordinador de Capacitación y Difusión de la Mesa por la Transparencia y Lucha Anticorrupción del ODECMA y la Sociedad Civil del Distrito Judicial de Huaura-Huacho

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