La SBS y empresas aseguradoras se enfrentan por regulación en el sector

El sector asegurador actualmente es regulado por Código de Comercio, emitido en 1992. (Foto: Archivo El Comercio)

ALEJANDRA COSTA

Como era previsible, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) levantó su voz para criticar el proyecto de Ley de Contrato de Seguros que obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso y que la próxima semana entrará en agenda de la Comisión de Justicia.

Como se conoce, la iniciativa legislativa busca brindar un marco legal al sector asegurador –que sigue siendo regido por el Código de Comercio de 1902– y regula los contratos de seguros para que la relación entre los usuarios y las aseguradoras sea más equitativa, incorporando disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Raúl de Andrea, gerente general de Apeseg, explicó que comparten la necesidad de que se establezca un marco legal para mejorar el sector asegurador, pero consideró que el planteamiento actual del proyecto generaría problemas operativos para las aseguradoras.

“Hay artículos de la norma que, así como están planteados, dejan la puerta abierta para fraudes y pueden generar problemas operativos complejos que se traducirían en costos adicionales y se reflejarían en el costo de las primas, perjudicando al consumidor que se quiere beneficiar”, advirtió De Andrea.

Una posición totalmente opuesta es la de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP). Mila Guillén, superintendenta adjunta de Asesoría Jurídica (e) de la SBS, señaló que la norma responde a la necesidad de establecer reglas de juego claras en el sector asegurador, en el que la falta de regulación jugaba en contra del consumidor.

“El problema es que la legislación y la cultura sobre seguros no ha crecido al mismo ritmo que la industria. Lo que hace esta ley es equilibrar los derechos y obligaciones de las dos partes, estableciendo plazos claros, prohibiendo cláusulas abusivas y poniendo límites para evitar que se afecten los derechos de los contratantes”, informó.

En ese sentido, estimó que, de aprobarse la norma, los costos en que tendrán que incurrir las aseguradoras para adecuar sus procedimientos serán compensados con el crecimiento del mercado que generará la claridad en las reglas de juego.

En ese mismo sentido, Miguel Ángel Martín, director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESÁN, consideró que las críticas de las aseguradoras se basan en que están mirando solo el corto plazo.

“En el sistema financiero, las aseguradoras no han sido expuestas a las mismas regulaciones que, por ejemplo, los bancos, que nadie puede decir que hayan disminuido sus niveles de rentabilidad. Al final, la mayor confianza va a permitir que más personas adopten una cultura del seguro”, opinó.

ARTÍCULOS RIESGOSOS
La Apeseg pidió que la Comisión de Justicia revise artículos como el que establece un plazo de siete días para reportar los siniestros, pues haría más difícil verificar, por ejemplo, si el asegurado estaba ebrio a la hora de chocar su vehículo. “También es riesgoso que se ordene que, cuando el contratante omita o declare información errónea, afectando el cálculo del riesgo y, por lo tanto, el costo del seguro, la póliza queda anulada solo si media dolo, es decir, si obra de mala fe”, dijo.

El abogado Enrique Ferrando, socio del Estudio Osterling, comentó que se requieren hacer ajustes a la norma porque muchas disposiciones entran en conflicto con la legislación internacional. “En una industria donde las aseguradoras contratan reaseguros en otros países, no pueden haber esas incongruencias”, criticó.

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